Como viene siendo ya tradición en España, ha vuelto a saltar el debate sobre la libertad de horarios en el comercio. En abril de 1985, el entonces ministro de economía y hacienda, Miguel Boyer Salvador, mediante el que se denominó Decreto Boyer (Real Decreto 2/1985, de 30 de abril sobre medidas de política económica), se produjo una liberalización en esta materia que colocó a España entre los países más avanzados de Europa con relación al respeto del derecho a elegir de los consumidores en materia de horarios y días de apertura. Este derecho sufrió un amplio recorte por parte del ministro Javier Gómez Navarro en diciembre de 1993 (Real Decreto 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se establecen las bases para la regulación de horarios comerciales). A partir de esta ley los establecimientos comerciales sólo podían abrir 72 horas semanales y un mínimo 8 domingos al año (que acabó convirtiéndose en máximo merced al intervencionismo de la mayoría de los gobiernos regionales).
Con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (ley 7/1996 de 15 de enero) se consagró el modelo anterior, hasta que en junio de 2000 (Real Decreto Ley 6/2000 de 23 de junio de medidas urgentes de intesificación de la competencia en mercados de bienes y servicios) se amplió el horario máximo a 90 horas semanales, se liberalizaba totalmente el horario para las pequeñas superficies y se establecía un calendario paulatino de aperturas de domingos y festivos (12 para el año en curso), con la intención de acabar en enero de 2005 en la situación que se había logrado en el año 1985.
En la actualidad, según cada taifa, la situación es muy distinta. Así los ciudadanos de Madrid son los que gozan de la mayor libertad comercial (se permite abrir 21 festivos al año), mientras que en Vascongadas no se abre ningún festivo.
Los argumentos que suelen esgrimir los que están en contra de la libertad de horarios comerciales se centran en la indefensión del pequeño comerciante frente al grande y la “explotación” de los trabajadores. No obstante siempre omiten mencionar al rey del mercado: el cliente. Al fin y al cabo todos somos consumidores finales, incluidos los pequeños comerciantes y los trabajadores. Y si atendemos a las encuestas, la mayor parte de los ciudanos contemplan con buenos ojos esta liberalización. Las restricciones a la libertad de horarios va en el sentido opuesto a los nuevos hábitos sociales. Cada vez más hogares tienen todos sus miembros trabajado, por lo que se incompatibilizan los horarios laborales y los horarios comerciales.
Desde una óptica liberal el Estado no debe injerir en los acuerdos a los que libremente han llegado un grupo de ciudadanos. Si un proveedor decide vender un bien o servicio a un cliente el Estado no debe inmiscuirse en el día y la hora en la que deciden llevar a cabo dicha transacción.
Desde el punto de vista económico todo son ventajas a la liberalización comercial, ya que con las mismas instalaciones se puede atender a un público mayor. Este principio lo vienen aplicando todos los grandes centros de producción, muchos de los cuales funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. Al producirse las ventas en un período de tiempo más amplio se simplifica la gestión de almacenes. También se pueden reducir costes al producirse economías de escala por el mayor volumen de las ventas.
Por último debe atenderse también a la discriminación que se produce con respecto a otros productos. Todos podemos comprar una serie de productos cualquier día del año en cualquier momento. No hace falta recurrir a los ejemplos de las tiendas virtuales de internet, tenemos ejemplos mucho más cercanos, como el ocio, los hidrocarburos, la electricidad o el teléfono.
Sala i Martín no obstante apunta un detalle interesante en contra de la liberalización de horarios, y es que el gobierno debe procurar que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Hace la observación de que la liberalización perjudica al pequeño comerciante si antes no se liberalizan otros aspectos de la economía, como el mercado laboral. Lo hace aplicando el siguiente ejemplo: Imaginemos que para abrir los domingos por la mañana, las empresas deben contratar un 20 por ciento más de trabajadores. Para un comercio pequeño, este 20 por ciento sería uno o dos trabajadores durante cuatro horas, cuatro domingos al mes. Para una gran superficie de 200 trabajadores, un aumento del 20 por ciento representa la contratación de 40 trabajadores adicionales. Dado que las leyes de contratación laboral permiten contratar sin mucha dificultad a 40 trabajadores pero dificultan sobremanera la contratación a tiempo muy parcial, el pequeño comercio no podrá abrir los domingos mientras que la gran superficie si. La pequeña empresa va a perder, en consecuencia, una parte importante de las ventas semanales. Y no será porque produce un mal producto a un precio demasiado elevado (perder por este motivo sería una cosa buena desde un punto de vista de eficiencia económica), sino porque el gobierno habrá liberalizado los horarios comerciales sin liberalizar previamente el mercado laboral, lo cual le ha impedido compitetir en igualdad de condiciones. En este sentido, pues, la libertad de horarios generará grandes e injustas pérdidas en un sector que, si se le tratara en términos de igualdad, podría ser competitivo.
Recientemente, desde el partido en el gobierno se han producido dos declaraciones opuestas con respecto a esta materia. De un lado José Montilla Aguilera (ministro de industria, turismo y comercio) se ha declarado contrario a liberalizar los horarios comerciales. Por otro lado Pedro Solbes Mira (vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda), ha declarado que cree que la libertad de comercio es “claramente positiva desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de los precios”.
La pelota está en manos del gobierno. De él depende que se respeten los derechos de los ciudadanos y se afronte una liberalización del comercio (y del resto de factores que inciden en el comercio), o que le sean cercenadas sus libertades para beneficiar al grupo de presión de turno.
Actualización:
Montilla vuelve a la carga. Considera que la plena libertad horaria para los comercios no es una demanda de la sociedad y recuerda que "también se ha de tener en cuenta los derechos de los trabajadores". Parece que el hecho de que dicha medida la apoye el 75% de la población no lo convierte en una demanda social. Para este señor lo social es considerar al ciudano un imbécil que necesita que el Estado le diga cuándo tiene que comprar, robarle el derecho a comprar y vender cuando le place y condenar al paro a potenciales trabajadores que estarían dispuestos a trabajar en festivos, para satisfacer los caprichos de un grupito de presión.
Actualización 2:
Montilla sigue haciendo méritos para convertirse en la peor catástrofe para el comercio desde la caída de Constantinopla. Se ha puesto a las órdenes de Pedro Esteve (consejero de comercio del tripartito) y ha afirmado que "puede haber un punto de encuentro entre los ocho domingos mínimos que impone la ley estatal y los ocho domingos máximos que quiere la Generalidad". Dicho punto de acuerdo sería, precisamente, establecer en ocho los domingos en los que puedan abrir libremente los comercios, tanto en Cataluña como en el resto de España. Es decir, se propone considerar tanto al comerciante y como al consumidor como unos subnormales incapaces de pactar libremente cuándo y dónde realizar un contrato de compraventa. Justo lo que se espera de un ministro de comercio: restringir el comercio y ponerle trabas. ¿Dónde están las manifestaciones de asociaciones feministas pidiendo la cabeza de este individuo que obliga a que existan amas de casa para seguir su propuesta de "horario comercial"?