Ajopringue

Haga un bonito editorial, tape el ridículo de Kerensky, nos creeremos que es demócrata de toda la vida, y encima le daremos una propinilla (o dos, o tres, o …, que paga el pupulacho/contribuyente/consumidor de su bolsillo).

¿Y si los clientes se dan cuenta del timo y se pasan a la competencia? Pues nada, eliminamos a los accionistas de la competencia y asunto arreglado.

Actualización:

O cuatro, o cinco, …

Actualización II:

O a su otro accionista.

Actualización: III

O seis, o siete, …

La zona euro registró en el pasado mes de julio una salida neta de capitales de 38.700 millones de euros, acelerando la tendencia existente en el último año (en la que salieron 110.200 millones de euros en el periodo comprendido entre agosto de 2003 y julio de 2004).

Esta salida de capitales ha sido especialmente importante en las inversiones de cartera, donde en el mes de julio salieron 30.500 millones de euros, correspondiendo al resto a inversiones directas (8.300 millones en julio y 74.200 en los últimos 12 meses).

Con este fenómeno se pone de manifiesto la pérdida de atractivo de Eurolandia, tanto para los inversores extranjeros, como para europeos. Los responsables del marco legislativo europeo, y en particular, de el de ese país antes conocido como España, deberían estar buscando los motivos por los que se ha producido dicha pérdida frente a otros países. Si realizasen un análisis serio descubrirían como no se trata simplemente de una búsqueda de mano de obra barata, como gusta decir en círculos globalifóbicos, ya que en dicho caso, países como EE.UU. no serían importadores de capitales (su PIB per cápita medio es tres veces el español), y que factores como las rigideces administrativas, la fortaleza de la burocracia, la omnipresencia del Estado, el intervencionismo estatal en los mercados y la voracidad fiscal, espantan a la inversión. Pero, realmente, el partido gobernante, en estos momentos tiene otras cosas más importantes de las que preocuparse. Para ellos lo prioritario en este momento es incrementar un 26% el presupuesto de sus señorías y un 41% sus dietas para recompensarse por lo bien que están desempeñando sus funciones.

Actualización:

La inversión extranjera en España cae un 52% en lo que va de año hasta junio. ¿Qué dice la clase política que nos gobierna? Lo de siempre, la culpa es de los demás: Se trata de una "continuación de la caída de la inversión internacional"

Menos mal que lo rodaron de manera gratuita y desinteresada, sin querer nada a cambio.

Con este título han aparecido dos artículos en la Fundación Heritage, haciéndose eco de un estudio publicado en la Oficina Nacional de Investigación Económica, de David Neumark y Olena Nizalova.

Los efectos del salario mínimo son bien conocidos entre quienes conocen el funcionamiento de los mercados, al impedir la entrada al mercado de los trabajadores con menor cualificación personal. Se estima que en EE.UU., la subida del salario mínimo interprofesional que se produjo entre los años 1990 y 1991 disminuyó la oportunidades de empleo de los jóvenes menores de 20 años en un 12%.

Este estudio se centra en los efectos a largo plazo que las leyes de salario mínimo tiene en estos jóvenes y en los trabajadores con baja cualificación. Estos efectos tienen su origen en la menor experiencia profesional (ya que las leyes de salario mínimo les han impedido entrar en el mercado de trabajo), menor demanda de trabajadores (también motivada por las mismas leyes al aumentar la carestía del factor trabajo), menor formación y menor desarrollo de habilidades (motivadas por la falta de experiencia al no haber podido ejercitar sus habilidades ni formarse en la empresa).

Para el estudio se han tomado datos de estas personas en el periodo comprendido entre 1979 y 2001, aprovechando los datos de aquellos Estado de los EE.UU. que tienen un salario mínimo superior al federal (en la actualidad California, Oregón, Washington, Alaska, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Illinois, Vermont, Maine y Hawaii). Lo que encontraron fue que cuando estos individuos llegan a la final de la veintena, ganan y trabajan menos mientras más tiempo estuvieron sometidos a mayores salarios mínimos. Específicamente cada año de exposición al salario mínimo entre los 16 y los 19 años, tenía efectos hasta los 25 a 29 años:

• Retribución horaria menor en un 3,1%.
• Horas semanales trabajadas menores en un 0,5%.
• Ingreso semanal menor en un 1,9%

Estos efectos eran mayores en la población de raza negra y en aquéllos que no habían finalizado la educación secundaria.

En el segundo artículo de la Fundación Heritage se analiza otro efecto no considerado del salario mínimo, analizando a los trabajadores cuyos ingresos se sitúan por debajo de éste. En EE.UU. el salario mínimo no afecta al trabajo en pequeñas explotaciones agrícolas, a las niñeras, o a los repartidores de periódicos entre otros (en España, por ejemplo, el salario mínimo no afecta a los becarios, o a los que trabajan en la economía informal, algo más común de lo que normalmente se cree en alguna región como Andalucía). Este grupo de trabajadores se ve incrementado en número cuando aumenta el salario mínimo. Así en la subida del salario mínimo en EE.UU. que se produjo en el año 1996 (de 4,75 a 5,15 dólares la hora), trajo consigo un aumento de la gente que cobraba por debajo de este salario en, que pasó de 1,7 (en 1995) a 3 millones de personas (en 1997). La única causa plausible fue el incremento del salario mínimo, ya que el mercado laboral estaba especialmente fuerte en dicho periodo.

Aunque estas cifras son del mercado laboral estadounidense, no cabe ninguna duda de que en España el efecto será como mínimo similar, sino peor, ya que habría que tener en cuenta la menor flexibilidad que permite la legislación española en material laboral. Así que la reciente subida del salario mínimo (que llegará a 600 € al final de la legislatura, si el partido gobernante aplica su programa electoral) condenará a muchos trabajadores pocos cualificados y a jóvenes a trabajos mal retribuidos, más arduos y poco seguros, no sólo en el periodo inicial en el que se incorporen al trabajo, sino también en años sucesivos. Sin contar con los que serán condenados al desempleo por tener una productividad inferior al salario mínimo.

El Instituto de Estudios Fiscales (órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda), publicó hace unos días un estudio (que ya adelantó la Gaceta de los Negocios) en el que acusa al impuesto de sociedades de no ser neutral, distorsionar los patrones de inversión de las empresas, condicionar las decisiones de financiación de las mismas, estimular el endeudamiento empresarial y favorecer la inversión doméstica respecto a la eventual inversión extranjera en España. Lo califica de un impuesto muy poco competitivo a nivel europeo, y que influye negativamente en el tejido productivo, al condicionar la capacidad competitiva de las empresas españolas y desincentivar la inversión extranjera en España.

En principio, el impuesto de sociedades no debería discriminar a las empresas en función de su fuente de financiación. El estudio, sin embargo, nos advierte de que la situación actual es diferente, como puede deducirse del siguiente cuadro:

* Tipo medio aplicable a la inversión doméstica por fuente de financiación (en porcentaje)

Como se puede observar en las tablas, el gravamen actual estimula el endeudamiento empresarial como fórmula de financiación frente a los beneficios retenidos y la emisión de acciones, que tienen un tratamiento fiscal bastante menos atractivo. Esta diferencia se debe a la posibilidad de deducir los intereses pagados por la financiación externa de la base imponible, algo que no ocurre con las acciones, cuya retribución, o dividendo, no se deduce de la base imponible. Otra diferencia importante, es el tratamiento del fondo de comercio, ya que, mientras que en muchos países se permite la deducción de los beneficios derivados del mismo, en España esto no se produce.

Otro tipo de discriminación que se produce es por tipo de activo, ya que se favorece la inversión en maquinaria (amortizable), penalizándose la adquisición de activos financieros.

Recientemente, los países de la “vieja Europa” están teniendo problemas con el fenómeno bautizado por la clase política como deslocalización (que pese a su demonización, no se trata más que de maximización en la eficacia de los recursos productivos, que le permite al consumidor tener más productos y servicios de mayor calidad y a menor coste). Debido, entre otros factores, a sus altos impuestos, altas barreras burocráticas y discriminaciones arbitrarias, cada vez más empresas buscan los nuevos países recién incorporados a la UE para expandirse. Varios de estos países, quizás por su funesto pasado comunista, han entendido de manera más satisfactoria que sus homólogos de la vieja Europa, que son los ciudananos los que crean la riqueza, y no los gobiernos, por lo que sus tasas impositivas son más reducidas, y su normativa fiscal más simple. De hecho, también existen países de la vieja Europa que han procedido a mejorar la imposición fiscal de sus empresas con excelentes resultados (el ejemplo más espectacular ha sido Irlanda, que acompañó la reducción del gasto público, con la de los impuestos y la liberalización en general de la economía, pasando a ser una isla conocida únicamente por sus leyendas sobre duendes y ollas de oro a uno de los países más ricos de Europa).

Dentro de las promesas electorales del partido actualmente en el gobierno figuraba bajar el tipo general del impuesto sobre sociedades del 35 al 30% (que actualmente se aplica a pequeñas y medianas empresas). Sería deseable que dicha reforma se aplicase sin demora, ahora que se está empezando a discutir los futuros presupuestos generales del Estado para el año 2005, a la par que se acometiese como disminuir estos problemas de no neutralidad del actual IS, en lugar de pensar en aumentar el gasto público a fin de favorecer a los grupos de presión.

Programa electoral del PSOE, capítulo 4, “Hacia una España más productiva”, página 24:

La cultura de la innovación y el trabajo que crea riqueza y bienestar social, la que representan los emprendedores, los profesionales innovadores, los trabajadores autónomos, las fórmulas de autoempleo individual y colectivo y la economía social, es una apuesta estratégica de futuro con la que nos sentimos comprometidos los socialistas pues estamos hablando de un sector que en su conjunto representa un tercio del PIB y un 35% del empleo total de nuestra economía.

Forma de apoyar decididamente “la apuesta estratégica de futuro”:

“El gobierno propone subir las cotizaciones de los autónomos que no lleguen a los 20 años cotizados un 5%“

Debe ser que las cotizaciones a la Seguridad Social no forman parte de la presión fiscal.

¿Recuerdan ustedes a Cristina Narbona Ruiz (bautizada como «la ministra sifona», por el genial CRB) prometiendo que las desaladoras eran más económicas que los trasvases previstos en el Plan Hidrológico Nacional y criticando duramente al PP porque a su juicio los trasvases encarecían el precio del agua? Como era lógico y comprensible, se acaba de producir la n-ésima rectificación por parte del gobierno y ya afirma que "el coste de las infraestructuras de su plan de desalación repercutirá en la tarifa que pagan los ciudadanos".

Desde luego no seré yo quien pida que el agua se subvencione y no se cobre a precio de mercado. Es más, siempre he creído que la privatización del agua sería la mejor forma de solucionar los problemas de escasez que padecemos. El problema viene cuando no existe mercado, cuando no hay libertad para que entren nuevos competidores, cuando existe un monopolio de oferta dirigido por el Estado, y cuando este último diseña las infraestructuras acuíferas en función de los grupos de presión, en lugar de atender a los consumidores.

Ya en marzo del año 1995, el entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, alertó al ministro de Industria y Energía, de que echaba abajo la posibilidad de instalar desaladoras en el Mediterráneo porque «no tienen mucho sentido, disponiendo, como se dispone, de flujos de agua mucho más cercanos, cuyo coste suministrado a través de infraestructuras de transporte sería muchísimo menor», o, dicho de otra forma, si hay un río cerca, por qué dejar que el agua se pierda en el mar. En el informe se alertaba de que el coste del m³ de agua desalada se situaba en la horquilla entre 125 y 140 pesetas, cuando el umbral de rentabilidad fijado por su compañera de partido, del agua para usos agrícolas, se situaba en las 40 pesetas. Aunque el partido al cual pertenece el autor del informe haya hecho caso omiso al estudio, todo parece indicar que el mismo no va muy desencaminado.

Pero no se preocupen, de nuevo será nuestro bolsillo, el que financie las demagogias de los señores Iglesias y Pérez-Carod, que seguirán aplaudiendo que el agua se tire al mar mientras que los consumidores tendremos que pagar más por el mismo servicio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en Sestao a “salvar” los astilleros públicos. Debo reconocer que siempre me ha hecho gracia el vocabulario que emplean ciertos políticos cuando hablan de economía: se habla de "salvar" a una empresa como si fuesen Moisés delante del Mar Rojo y Dios le hubiese concedido poder para abrirlo con sólo extender su mano sobre el mismo. Pero no es éste el caso, y, afortunadamente, esta empresa únicamente será rentable si satisface a quien debe hacerlo, al consumidor.

Izar fue una empresa creada tras la fusión de Astilleros Españoles S.A. (AESA) y la Empresa Nacional Bazán. Aunque su cartera de clientes incluya tanto pedidos civiles como militares, es la segunda la que constituye su segmento de mercado fundamental, al suponer un 97% de la cartera de pedidos. Para cualquier gestor, quedaría claro, que es al cliente militar al que hay que satisfacer si se pretende que la empresa sea rentable.

No obstante, el presidente del gobierno ha demostrado que necesita algo más que dos tardes para aprender los fundamentos económicos básicos, ya que resulta difícil "salvar" una empresa si no existe una labor comercial importante. Y desde luego la mejor forma de realizarla supone anticiparse a los deseos de los clientes para tratar de satisfacerlos. Pero difícilmente éste experimentará alguna satisfacción cuando públicamente se realizan declaraciones que buscan dañar a este cliente (que encima se trata del principal proveedor tecnológico de la empresa) y a sus amigos, cuando existen vidas en juego, y cuando, para más inri, se trata de cubrir un error de los accionistas y representantes de nuestra propia empresa, como fue dejar sólo a este cliente en la lucha antiterrorista, huyendo de la manera más vergonzosa. Cuando se incurre en semejante comportamiento, el resultado no puede ser otro más que el abandono del cliente.

No habría de todas formas que desesperar, la empresa puede aún "salvarse" si sus recursos humanos son competentes y realizan un producto de primera. No obstante, los representantes de los mismos no están por la labor, y parece que siguen haciendo lo que han venido realizando en los últimos 20 años, sin que exista el más mínimo propósito de enmienda.