Ajopringue

Vista la estimación macroeconómica que ha realizado el Ministro de Economía y Hacienda, se puede proceder a proyectar esos datos para realizar otra referida a los ingresos que obtendría el Estado en el año 2005. La extrapolación, sobre el papel, no es simple, pero puede resumirse en que la práctica totalidad de los impuestos, o dependen del consumo (IVA e impuestos especiales), o de los ingresos personales (IRPF, cotizaciones y en cierta forma patrimonio, aunque este último se encuentra cedido a las comunidades autónomas). Más difícil resulta estimar el beneficio de las empresas (que es gravado con el IS), ya que depende no sólo de las magnitudes macroeconómicas estimadas anteriormente, sino de otros costes, como los financieros, los salariales, materias primas, amortizaciones, etc. Fuera de este modelo quedarían el resto de los impuestos como el de donaciones y sucesiones (que más de 25 años después de que se aprobase la Constitución sigue sin cuadrar con su artículo 31.1), transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto de bienes inmuebles (la antigua contribución rústica o urbana), que se encuentran gestionados por la administración regional y local. Existen otros ingresos en los que participa el Estado, como las tasas, los intereses, las transferencias, y las enajenaciones pero que suponen menos de un 10% de los ingresos consolidados del Estado.

El resumen de los ingresos consolidados del Estado previstos para el presupuesto del año 2005, en millones de euros, es el siguiente:

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (vía La Gaceta de los Negocios, edición del 29 de septiembre de 2004).

De este cuadro me ha llamado especialmente la atención la subida que experimentan los capítulos I y II (que al fin y al cabo representan el 90% de los ingresos del Estado), y sobre todo, el gran porcentaje que sobre los ingresos totales representa el capítulo I. Con frecuencia se tiende a identificar impuestos directos (capítulo I) con IRPF e impuesto sobre sociedades, e indirectos (capítulo II) con el IVA e impuestos especiales. Pero existe una gran fuente de ingresos de cuya magnitud muy poca gente es consciente, y que, según los presupuestos, le va a permitir recaudar al Estado 107.083 millones de euros, que son las cotizaciones sociales. Si lo analizamos, esto supone más de un 63% de los ingresos directos del Estado, y más de un 45% de los ingresos totales. Reconozco que cuando calculé la cifra, incluso siendo conocedor de la gran importancia que tienen estos ingresos, me sorprendió su cuantía ¿Cómo es posible que la primera fuente de ingresos del Estado, la que más dinero le retira a la ciudadanía, le pase desapercibida a gran parte de ésta? El mecanismo de ocultación es muy sencillo, el Estado lo camufla dividiendo la cuantía de este tributo. Cuando un individuo trabaja, este hecho es penalizado por el Estado mediante un tributo, las cotizaciones, pero su pago se divide entre dos personas: el empleador y el empleado. Mientras que el empleado paga sólo una pequeña parte, es el empleador el que paga el resto. Así el primero no es consciente de la totalidad del tributo que recae sobre él (¿cuánta gente conoce la cuota patronal de su salario?) y vive bajo la ilusión de que es otra persona sobre quién recae esta figura, mientras que el segundo sí es consciente, pero no va poner reparos ya que se va a limitar a descontarlo de la retribución final que va a entregar a la persona que ha contratado. Por lo cual, al final el único perjudicado es el trabajador que financia el 100% de su coste, detrayéndose de su salario.

La estimación de subida de ingresos de este capítulo I en los presupuestos generales del Estado es del 9,4%. La explicación para esta subida bajo la óptica del Ministerio de Economía y Hacienda es triple. De un lado, como se vio al analizar el cuadro de estimaciones macroeconómicas de los presupuestos del año 2005, el Ministerio prevée que el desempleo caiga al 10,8%, y a mayor número de trabajadores, mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, siendo además, mayor el número de sujetos pasivos del IRPF. De otro lado, se ha anunciado una subida en las cotizaciones de la Seguridad Social de los autónomos del 5%. Y finalmente, se preveía también que la retribución por asalariado ascienda en un 4,1%, lo que supondría más ingresos tanto vía IRPF como cotizaciones. Puede pensarse que la deflactación de los tramos del IRPF (que será inferior a la subida de salarios, ya que el deflactor del PIB se estima en el 3,2%) debería minorar la cifra, pero no se olvide que de momento, se excluye de la misma el mínimo familiar, que permanece igual. Con respecto al IS la explicación sería distinta, y podría explicarse por la bajada en el coste laboral unitario real (que según el Ministerio lo haría en un 0,1%), el aumento del PIB en un 3% y el aumento de las exportaciones en un 6,4%. No obstante, como ya se apuntó en el análisis macroeconómico, es difícil conjugar disminución de paro y aumento de productividad. Además es previsible que suban otros costes importantes para la empresa, como los financieros o los energéticos, y la previsión de crecimiento económico y de aumento de las exportaciones, hoy en día ha sido reducida por distintos estudios. Se puede arguir que, puesto que estos aumentos en los ingresos se han producido en algunos años precedentes, también es posible que lo hagan en el que viene. Si bien este argumento es cierto, no deben olvidarse ciertas dificultades, como es la inexistencia de incentivos para formalizar la economía B (más bien podría ocurrir lo contrario, el aumento de controles puede empujar a más empresas hacia la economía informal), y que se puede producir una disminución en la competencia de ciertos mercados, y por tanto de la actividad económica (como probablemente provocará medidas como la limitación en los horarios comerciales). Puede que el gobierno guarde algún as en la manga para aumentar la liberalización de los mercados, pero no existe en la actualidad ninguna declaración de intenciones al respecto.

El incremento del capítulo II (impuestos indirectos) de un 8,1% es mayor que la que el incremento de demanda interna prevista (3,4%). Esta diferencia sería explicable si aumentasen los impuestos indirectos (lo que parece ser la intención en el caso de los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre cervezas, sobre vinos y bebidas fermentadas y sobre labores de tabaco), cambiasen las preferencias de los consumidores (por ejemplo, si se disminuyese el consumo de pan, gravado con un 4%, sustituyéndose por el de dulces, gravados con un 7%, aunque es algo difícil de computar en un presupuesto), o parte de la economía informal abandonase esa situación (algo que puede ser difícil, como se ha comentado en el párrafo anterior).

Con respecto al resto del presupuesto, aunque de una importancia mucho menor, llama la atención la bajada del capítulo III (tasas y otros ingresos). Dentro del sistema fiscal, las tasas se consideran un tributo menos perjudicial que el impuesto, ya que repercute directamente al consumidor, una parte o la totalidad del coste que ha generado un servicio prestado por el Estado, mientras que el impuesto se cobra independientemente de los servicios que se le ha prestado al contribuyente. Por tanto sorprende una bajada en este capítulo mientras suben los dos anteriores.

Actualización:

Ya son más los tributos que suben: 3 nuevos, y 14 modificados. Las dos grandes promesas fiscales de la campaña electoral y del discurso de investidura, la rebaja del impuesto de sociedades y el IRPF de tipo único, ni se mencionan.