Ajopringue

Comentan en Invertia que España es uno de los países más corruptos de la zona euro, haciéndose eco de las conclusiones del último informe de transparencia internacional (ya comentado anteriormente por Batiburrillo y Almendrera). En esta zona, España queda en noveno lugar en el índice de percepción de la corrupción, siendo ocupada en la escala del informe las primeras posiciones por los países con menor percepción de la corrupción.

Se apunta a que una de las razones del alto nivel de corrupción es el mercado inmobiliario y los problemas relacionados con el suelo. Según el informe, el sistema de financiación de las administraciones locales en España, por el que los promotores deben cederles un 10% de los terrenos construidos, se ha convertido en «un impuesto revolucionario» que genera «irregularidades y desigualdades, ya que favorece a los grandes constructores» y no al comprador de vivienda.

En segundo lugar, se apunta a la contratación publica como otro de los sectores más proclives a la corrupción. En este sentido, el abuso de cargos públicos para beneficio privado es otra de las prácticas que nos distinguen de nuestros vecinos de la eurozona.

El hecho de que el mercado inmobiliario sea uno de los focos mayores de corrupción no creo que extrañe a nadie. Al tratarse de uno de los mercados más regulados de la economía española, donde el intervencionismo de la administración pública se deja sentir en todos y cada uno actos que ejecutan tanto oferentes como demandantes, se hace esencial contar con el visto bueno de la administración para poder llevar a cabo cualquier transacción económica. Este intervencionismo, además, se deja sentir en forma de tributos y cesiones que los contratantes tienen que llevar a cabo en favor de los municipios, muy por encima de los impuestos generales que gravan a la mayoría de bienes que concurren al mercado. Puesto que se trata de una relación coactiva e intervenida, en la que existe una relación jurídica de superioridad de la administración con los administrados, las consecuencias se dejan sentir en forma de una mayor escasez de los bienes, una mayor carestía de los mismos, y una enriquecimiento ilícito (corrupción) por parte de los representantes públicos que hacen valer su derecho de veto y su dirigismo por encima de los pactos a los que libremente habrían llegado oferentes y demandantes.

Si se quiere reducir esta corrupción habría que disminuir el intervencionismo estatal y dar un mayor papel del mercado. La competencia y la libertad son, sin duda alguna, las mejores recetas para acabar con esta lacra. Cuando la única manera de hacer negocios es satisfacer al cliente, y no al burócrata, se busca proporcionar al demandante la mayor cantidad de bienes, a la calidad exigida por ellos, y al menor precio posible. Cuando las decisiones son tomadas por el político, la satifacción del cliente pasa a un segundo lugar, y acaba por aparecer este fenómeno de la corrupción.