Ajopringue

Según un estudio del Banco de España, las cargas administrativas que las empresas españolas tienen que soportar se cifra en más de 50.000 millones de euros, dicho de otra manera, un 4,6% del PIB español. La cifra impresiona aunque quién haya tenido que bregar con la administración pública sabe el número incesante de papeleos que hay que hacer, y que antes siquiera de haber inaugurado la empresa ya hay que estar pagando la extorsión impositiva de turno.

Si resultase firme la intención del gobierno en reducir “papeleo” a las empresas para reactivar la economía, desde luego las medidas no empezarían por la devolución mensual del IVA, ni en avalar la titularización de los créditos. Las empresas necesitan destinar más tiempo a sus clientes y menos a la administración pública. Para ello, podría empezar por las siguientes medidas:

• Eliminación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Nunca tuvo razón para existir y menos hoy en día. Que una empresa que no haya iniciado su actividad tenga que pagar por cualquier documento notarial, mercantil o administrativo carece de sentido alguno, amén de violar la prohibición de establecer tributos de caracter confiscatorio como establece el artículo 31.1 de la Constitución. Por supuesto en la misma categoría entrarían también el IBI o el IAE para aquellas empresas que lo tienen. Por no hablar de las cuotas camerales que aunque técnicamente no sea un tributo, deben pagarse de manera obligatoria aunque nadie sepa lo que hace una cámara de comercio.
• Simplificación del proceso de creación de una sociedad: Quién haya constituido una sociedad sabrá el suplicio que hay que pasar, consulta ante el registro mercantil central de que el nombre que deseamos no esté siendo empleado, petición de reserva al mismo organismo; visita a Hacienda para entregar los estatutos provisionales de la sociedad, el certificado negativo expedido por el registro mercantil, el modelo 036 con su pertinente interrogatorio sobre todo lo humano y lo divino; depósito en el banco del capital social y obtención del correspondiente certificado bancario por parte de cada uno de los socios; visita al notario con toda la documentación anterior para redactar los estatutos definitivos, decidir el órgano de gobierno, detallando la identidad y participación de los socios; pago del impuesto de actos jurídicos documentados y de las tasas notariales; inscripción de la sociedad ante el registro mercantil, pagando las correspondientes tasas; legalización de libros ante el registro mercantil, con sus correspondientes tasas; visita a la seguridad social para la obtención del código cuenta de cotización; petición, ante la concejalía de urbanismo de turno, de la licencia de apertura (con su correspondiente estudio del perito/aparejador de turno que también habrá que pagar), etc. Definitivamente existen pasos que se podrían eliminar como la licencia de apertura o la múltiple incripción (registro mercantil, hacienda, seguridad social).
• Trámites de las distintas administraciones del reino de taifas: Aquí se incluiría información tan diversa como las encuestas del INE, las del Banco de España, las inscripciones en los distintos registros autonómicos (por ejemplo el de industrias agroalimentarias), legalizaciones de contabilidades, depósitos de cuentas anuales (que lejos de simplificarse va aumentando año tras año), declaraciones de suelos contaminados, etc. Del listado anterior, las encuestas o inscripciones en registros especiales podrían ser eliminados perfectamente.
• Declaraciones informativas: Modelos 180, 190, 193, 347, 349, 390, 392, etc. Definitivamente los modelos 347 y 349 podrían ser eliminados, pero claro, a Hacienda le gusta tener información para seguir robando a los contribuyentes y molestándoles por descuadres de céntimos (puedo dar fe de que fui testigo de una inspección de Hacienda motivada por un descuadre de 2 céntimos, que paralizó el trabajo de la administración de una empresa durante dos meses).
• Declaraciones a cuenta: Especialmente el modelo 202 por el que se paga “a cuenta” el impuesto de sociedades antes de que haya terminado el ejercicio económico, incluso aunque luego tenga que ser devuelto por un exceso de retenciones o por haberse calculado sobre el  impuesto anterior, sin tener en cuenta de que en el ejercicio “a cuenta” se pueden estar obteniendo pérdidas.
• Por supuesto no podemos olvidar dentro de la legislación absurda a nuestros burócratas de Bruselas, que con su interminable lista de reglamentos, directivas y decisiones, son responsables de más del 40% de la burocracia.

En fin no les aburro, ya que estoy seguro que saben perfectamente de estos trámites y otros y de los tributos absurdos con los que somos robados día a día.